PUBLICACIONES El reconocimiento de la víctima en el proceso penal bonaerense

(por Karen Gallinari - María Belén González - Jorge Cóppola)

1) INTRODUCCIÓN: Transcurridos poco más de diez años de la vigencia del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires según ley 11.922, y no obstante la puerta que abre al particular damnificado la ley 13.943 en relación a las facultades para sostener la persecución penal en caso de desistimiento del Ministerio Público Fiscal, creemos que –todavía- la finalidad del legislador de otorgarle a la víctima, en el marco del proceso penal, un reconocimiento importante, dista mucho de ser realidad. Esta conclusión se fundamenta no sólo en deficiencias legislativas (la ley 11.922 y sus modificatorias pecan por insuficientes respecto a las atribuciones que, por imperativo constitucional, debe tener el ofendido en el marco del proceso penal) sino también operativas, pues la mayoría de los derechos que la ley adjetiva les reconoce, en la práctica no resultan eficaces.
En el presente trabajo, abordaremos algunas cuestiones puntuales del proceso penal en las que, a nuestro entender, los derechos de la víctima no son plenamente reconocidos conforme exige la normativa constitucional.
Liminarmente, efectuaremos un breve análisis conceptual.
2) Concepto de víctima: La Resolución Nº 40/34 dictada el 29 de noviembre de 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció principios de justicia relativos a las victimas del delito, determinando en primer término que victima de delito es la persona que, individual o colectivamente, haya padecido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o un sustancial detrimento de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal e independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al causante del daño, y cualquiera sea la relación familiar entre ellos.
El proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Nación elaborado por el I.N.E.C.I.P, en el art. 85, considera víctima al ofendido directamente por el delito y, cuando resultare la muerte de aquél, a su cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o al último tutor, curador o guardador.

3) Fundamento jurídico de los derechos de la víctima en el proceso penal; Los derechos de las victimas se encuentran reconocidos por la normativa transnacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 7 y 8), Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art.17), Pacto San José de Costa Rica (art. 25), preceptos que, conforme dimana del art. 75 inc 22 de la Constitución Nacional, integran –conjuntamente con la misma- el denominado “bloque de constitucionalidad” en el derecho interno de nuestro país. Específicamente, el art. 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (aprobada por la Asamblea General de la O.N.U el 10 de diciembre de 1948), establece: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. El artìculo 8 del mismo tratado refiere: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. “ El artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala: “1) Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra reputación. 2) Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. “ Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) establece: “Protección Judicial: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.2. Los Estados partes se comprometen: a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”
4) Derechos y facultades de la víctima en el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires. Referencia al art. 83: El artículo 83 del cuerpo normativo citado, en nueve incisos, establece derechos y facultades a las víctimas. Evidentemente, la eficacia de la norma en cuanto a su finalidad, requiere que el ofendido por un hecho delictivo cuente con un asesoramiento jurídico que el sistema procesal penal de la provincia de Buenos Aires no le facilita. Señalan los Dres. Granillo Fernández y Herbel : “Es doloroso comprobar que la víctima pobre, o sea la que no puede pagar honorarios profesionales particulares…no tenga previsto en el sistema vigente un abogado estatal que le asista y defienda en el trámite del proceso penal”.
Consideramos que la plena operatividad de los derechos consagrados por la ley procesal bonaerense a las víctimas de delitos, exige un marco estructural mas firme que el que se intenta a través de los Centros de Asistencia a la Victima-conforme la organización actual de los mismos- creados en la órbita de las Fiscalías de Cámara departamentales (art. 85 CPPBA; arts. 35 a 40 Ley 12061). A todo evento, los mismos deben dotarse de personal suficiente –esencialmente, abogados, psicólogos, médicos y asistentes sociales, contando con un presupuesto adecuado para su funcionamiento.
La cuestión referida a la asistencia jurídica de la víctima, también es tratada por el Dr. Luis Felipe Defelitto al comentar el art. 85 del CPPBA; específicamente en relación al último párrafo que hace referencia a la víctima que no cuenta con recursos suficientes para contratar un abogado a fin de constituirse en particular damnificado, deberá el Centro de Asistencia a la Víctima proveérselo gratuitamente. Señala el autor citado que el art. 35 de la ley 12.061 obliga al Ministerio Público Fiscal a atender y de asesorar a la víctima, garantizando de esa manera sus derechos y facultades. Refiere el Dr. Defelitto que, a su entender, hay que diferenciar entre asistencia genérica y específica o técnica, atribuyendo la primera al Centro de Asistencia a la Víctima, no advirtiendo inconvenientes, en caso de que no exista conflicto de intereses con el Fiscal, para que también la ejercite el CAV (agregamos siempre que se lo dote, conforme señalamos en párrafos anteriores, del personal profesional y administrativo suficiente). Coincidimos con Defelitto en que el problema surgiría si en el marco de un debate oral, el Fiscal asume determinada postura y el representante del Centro de Asistencia a la Víctima, órgano que también pertenece a la estructura jerárquica del Ministerio Público Fiscal, otra contrapuesta.
El autor de referencia sostiene que en los casos particulares en los que la víctima quiere asumir el rol de particular damnificado, debe ser el Colegio de Abogados departamental, por intermedio del consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados quien le brinde la asistencia letrada.
En este caso, discrepamos con el distinguido colega; consideramos que la obligación de proveerle asistencia jurídica a las víctimas de delitos debe recaer en el Estado, separándose a los Centros de Asistencia a la Víctima del ámbito estructural del Ministerio Público Fiscal y dotándolo, insistimos, de personal y presupuesto suficiente.
Estadísticamente está comprobado que, quizás por una información deficiente acerca de los órganos que pueden ser receptores de la denuncia de un delito, la gran mayoría de las mismas se realiza ante la policía, siendo el órgano receptor quien hace conocer al ofendido las facultades que le otorga el art. 83 del CPPBA. Nos preguntamos si recibe un trato digno y respetuoso (inc. 1 del art. 83) quien debe relatar un hecho a un oficial de policía, en un ámbito absolutamente inapropiado, en los que permanentemente entran y salen personas impidiendo se mantenga la reserva que –quizás- el denunciante necesita sobre el hecho que lo tuvo por víctima: o quien es revisado, como acertadamente señalan Granillo Fernández y Herbel , por médicos de policía en lugares inadecuados para salvaguardar su intimidad (art. 83 inc. 5)
El inciso 4) del art. 83 del còdigo ritual vigente en la provincia de Buenos Aires garantiza a las víctimas el que se hagan mínimas las molestias que deben irrogársele con motivo del procedimiento. Siguiendo la directriz trazada por el inciso referido, hacia lo dispuesto por el art. 339 del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires, en relación a la facultad de los interesados –evidentemente, la víctima llamada a declarar como testigo por el Ministerio Público Fiscal, lo es- de solicitar al tribunal que fije el importe necesario para cubrir los gastos de viaje y estadía a los testigos, peritos o intérpretes citados que no residan en la ciudad donde se celebrará el debate.
La víctima que es citada a declarar como testigo y, vale aclararlo, cualquier persona que deba comparecer ante un tribunal en tal carácter, más allá de que es sabido que se trata de una carga pública, no es compensada por las erogaciones que debe afrontar para cumplir con la citación, no obstante, reitero, estar prevista la indemnización pertinente por le ley procesal. En varios años de operar con el sistema procesal penal, no conocemos, al menos en los órganos en los que nos desempeñamos, peticiones que tornen operativa la facultad que el art. 339 le reconoce a la víctima-testigo. Evidentemente, es un parámetro para demostrar que la víctima no cuenta con información clara y precisa acerca de sus derechos. Sin perjuicio de ello, nos preguntamos que pasaría si se solicitara, tornando operativo el derecho establecido en el art. 339 séptimo párrafo, la indemnización para cubrir gastos y estadía de los testigos. Más allá de la posibilidad del Ministerio Público Fiscal de conferirle los denominados “pasajes oficiales” ¿Cuentan las Fiscalías Generales departamentales con un presupuesto suficiente como para que la víctima carente de recursos, que debe trasladarse a una distancia considerable de su domicilio a fin de declarar como testigo, sea cubierta en los gastos necesarios para estadía y alimentación?
Nos consta que la notificación de los derechos se reduce a un lacónico “firme acá”, no contando, de consuno, con una información amplia y precisa sobre sus derechos, la que, como bien señala el primer párrafo del art. 86 del proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Nación del I.N.E.C.I.P, debe exteriorizarse en el momento de efectuar la denuncia o en su primera intervención en el proceso.
Por los fundamentos citados, proponemos que la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, persé y delegando facultades en las Fiscalías Generales departamentales, difunda, de manera clara y amplia, a través de los medios masivos de comunicación, información amplia y precisa destinada a quienes resulten víctimas de hechos delictivos. Ello en el marco de la obligación impuesta por el art. 35 de la ley 12.061.
En relación al inciso 8) del art. 83 que faculta a la víctima a procurar la revisión ante el Fiscal General Departamental, de la desestimación de la denuncia o archivo de las actuaciones, además de reiterar que el Estado debe dotar a la víctima de una herramienta esencial para tornar eficaz este derecho, cual es el asesoramiento jurídico, entendemos, realizando un análisis puramente jurídico y sin pretender de ningún modo poner en tela de juicio la digna tarea de los Fiscales Generales, que la revisión debería ser efectuada por un órgano diferente al Ministerio Público Fiscal.
Estimamos pertinente, a fin de apuntalar la facultad de la víctima de manifestar su disconformidad frente al archivo o desestimación de las actuaciones en manos del órgano titular de la acción pública, otorgarle un marco de regulación procesal con el debido respeto de los principios que a dicho encuadre acompañen.
La ley procesal vigente prevé la petición de revisión de la víctima de tales decisiones ante el Fiscal General Departamental, que si bien es la máxima autoridad del Ministerio Público en un departamento judicial, no deja de ser parte de ese Ministerio. Por lo tanto y en el caso de que la víctima confronte con esta parte del proceso, no posee en la actualidad una vía recursiva ante un órgano diferente al que tomó la decisión.
La circunstancia descripta no guarda relación alguna con el derecho a la jurisdicción, de rango constitucional contenido en el art. 18 de la Constitución Nacional, art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y receptado además por la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 25. Los fundamentos de tal aseveración se encuentran dados por la propia definición de este derecho y los elementos necesarios para su concreción. Básicamente se trata de garantizar el derecho del justiciable de recurrir ante un órgano jurisdiccional en pos de obtener justicia. El cuestionamiento entonces es establecer si el Ministerio Público Fiscal reúne las características propias a tener en cuenta a la hora de determinar si nos encontramos frente a un órgano jurisdiccional.
Tal como lo señala el Dr. Horacio Daniel Piombo en un voto como integrante del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires (c. 6467 “Fiscal c/Acuerdo plenario” 12/12/02): “Los ministerios públicos cumplen una función independiente y esencial de investigación, defensa y postulación; pero no son los órganos encargados de resolver casos con imparcialidad y con ajuste a la legalidad vigente...” En ese mismo orden de ideas, continuando los lineamientos del magistrado citado, consideramos que el Ministerio Público Fiscal carece de atribuciones jurisdiccionales. Por ello sería conveniente y ajustado a derecho que la revisión prevista en el art. 83 inc. 8 del CPPBA esté a cargo de un órgano diferente. Dicho órgano deberá ser imparcial, es decir, ajeno a la estructura jerárquica de una de las partes del proceso (MPF), encontrándose revestido de naturaleza jurisdiccional. De consuno, entendemos que la revisión del archivo o desestimación de las actuaciones por parte del Ministerio Público Fiscal deberìa encuadrar en la esfera de competencia del Juez de Garantías. De esta manera, a nuestro entender, se lograría una revisión judicial suficiente a efectos de salvaguardar el derecho a la jurisdicción y el principio constitucional del debido proceso afectados por la legislación vigente.
5) La víctima como parte en el proceso penal: Debemos reconocer que hace aproximadamente diez meses, cuando tomamos contacto con el proyecto que, actualmente, se transformó en la vigente ley 13.943 que –entre otras importantes modificaciones al Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires- admite la facultad del particular damnificado de requerir elevación a juicio en caso de petición de sobreseimiento del Fiscal sostenida por el Fiscal de Cámara (art. 334 bis), acusación que podrá sostener en el debate oral y público en caso de desistimiento del Fiscal (art. 368)- pensamos que era un regreso a la venganza privada. Hoy, no nos queda duda alguna de que la decisión del Ministerio Público Fiscal de no continuar con la acusación penal, no puede privar a la víctima de ejercer persé ese derecho, so riesgo de hollar la efectiva protección judicial que, conforme quedó plasmado en acápites anteriores, le reconocen normas de raigambre constitucional.
Hemos modificado nuestra opinión respecto al tema en análisis, a partir de la lectura de algunas resoluciones judiciales en las que advertimos, en términos de los victimólogos, una clara revictimización de la víctima quien es ofendida –nuevamente- esta vez a través del propio procedimiento penal..
En relación al argumento que nos preocupaba, es decir, el temor a la venganza privada, resulta claro y convincente el Profesor Dr. Julio Maier : “Este, por lo demás, es un prejuicio nunca demostrado: por el contrario, si se compara el resultado de los intentos de conciliación en la acción penal privada,,,se puede decir que la figura de la víctima vengativa, al menos excluyendo los delitos de mayor gravedad y mediando el procedimiento judicial, no existe o existe en sus justos términos: la víctima tiene derecho en primer lugar a la disculpa del agresor, y, en segundo lugar, a que le reparen el daño causado por su acción; y tiene también derecho, como cualquier ciudadano, a esperar la aplicación racional de la ley penal por parte de los órganos judiciales y a colaborar, para ello, en la búsqueda de la verdad. La ansiedad por perseguir, por encima de esos límites, es rara y, según mi experiencia, sería catalogada como patológica; además, es neutralizada por las reglas del procedimiento.” Por su parte, Claus Roxin señala:: “La victima de un delito en muchos hechos no demasiado graves está menos interesada en el castigo estatal del autor que en una reparación” .
La víctima y el autor son los protagonistas esenciales del conflicto, el cual no encontrará una solución integral si se deja de lado el interés del ofendido y esto se logra, inexorablemente, abriéndole la puerta del procedimiento penal . Otro de los argumentos que Maier sostiene para abogar por la participación de la víctima en el proceso penal es la tendencia a la burocratización de los órganos públicos de persecución penal, los que dan: “…–mediante rutinas- respuestas genéricas racionales, en el mejor de los casos, pero sin atender los intereses individuales o del caso concreto. La intervención del supuesto ofendido en el procedimiento, permite corregir el defecto, sacar el caso de la rutina impuesta, en general, y volverlo a las necesidades que presenta su individualidad”.
El Estado debe brindarle al ofendido el efectivo acceso a la justicia y una debida protección judicial que derive en una investigación llevada adelante frente a un tribunal imparcial e independiente, en el marco de un proceso donde pueda ejercer plenamente su derecho a la debida defensa en juicio .La tutela judicial efectiva prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos, debe ser tomada como “la base insustituible de legitimación del ejercicio del poder punitivo”. Esta es la idea que se desprende de las sentencias de la Corte Interamericana de Justicia en los fallos Velásquez Rodríguez –29-7-88 y 29-1-88 y los informes de la IDH 5/96 y 34/96 .
Compartimos la opinión del Dr. Santiago Martinez respecto a que “...una regulación que proteja adecuadamente los intereses de la víctima, no necesariamente importa que ella deba adoptar alguna de las formas clásicas de participación para tener conocimiento y decisión en las distintas etapas del proceso penal.
Es decir que la víctima debe considerarse parte en el proceso penal, más allá de que adopte el rol de particular damnificado en el código bonaerense o querellante privado en el Código Procesal Penal de la Nación.
La provincia de Buenos Aires, con la sanción de la ley 13.943 de reforma al Código de Procedimiento Penal intenta adecuar la legislación adjetiva a las normas constitucionales en relación a los derechos de la víctima. Específicamente, el art. 6, referido a la acción pública, establece en el segundo párrafo que “...Las peticiones del particular damnificado habilitarán al Juez o Tribunal a abrir o continuar el juicio, a juzgar y a condenar con arreglo a las disposiciones de este Código...” El art. 79, en relación a los derechos y facultades de quien haya sido admitido como particular damnificado, faculta al mismo en el inciso 4) a formular requerimiento de elevación a juicio con los alcances del art. 334 bis e intervenir en la etapa de juicio. El artículo de referencia establece: “Finalizada la investigación y, en su caso, cumplida la incidencia a que se refiere el artículo 334 último párrafo, si el fiscal estimare procedente el sobreseimiento y existiese particular damnificado debidamente constituido, el Juez de Garantías correrá vista al Fiscal de Cámara para que se manifieste respecto del pedido. Si no lo sostiene, dará vista al Agente Fiscal que corresponda, quien deberá formular requerimiento de elevación a juicio. Si el Fiscal de Cámara mantiene el sobreseimiento, previo a expedirse, el Juez de Garantías dará vista por el plazo de quince (15) días al particular damnificado para que en su caso requiera la elevación a juicio a su costa, con las formalidades de los artículos 334 y 335, siendo de aplicación los artículos 530 y 531.Vencido el plazo citado sin requerimiento, el Juez de Garantías dictará el sobreseimiento. En caso contrario, el Juez de Garantías declarará el cese de intervención del Ministerio Público en el proceso y correrá vista a la defensa a los efectos de los artículos 336 y 337. El particular damnificado tendrá las mismas facultades que el Agente Fiscal durante el desarrollo del debate, siendo de aplicación los artículos 384, 385, 386 incisos 1º y 2º, y 387 de este Código”. Por su parte, el art. 368 del mismo cuerpo normativo señala: “Terminada la recepción de las pruebas, el Presidente concederá sucesivamente la palabra al actor civil, al Ministerio Público Fiscal, al particular damnificado, al civilmente demandado, al asegurador –si lo hubiere- y a los defensores del imputado, para que en ese orden aleguen y formulen sus acusaciones, pretensiones y defensas. No podrán leerse memoriales. El actor civil limitará su alegato a los puntos concernientes a la responsabilidad civil. Si intervinieren más de un Fiscal o Defensor, todos podrán hablar pero dividiéndose sus tareas. Igual disposición regirá para las restantes partes. El Ministerio Público Fiscal, el particular damnificado y el defensor del imputado podrán replicar, correspondiendo a éste último la última palabra. La réplica deberá limitarse a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieren sido discutidos. El Presidente podrá fijar prudencialmente un término a las exposiciones, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos, los puntos debatidos y las pruebas. recibidas. En último término, el Presidente preguntará al imputado, bajo sanción de nulidad, si tiene algo que manifestar y cerrará el debate. Luego convocará a las partes a audiencia para la lectura del veredicto y en su caso de la sentencia. Si en cualquier estado del debate el Ministerio Público Fiscal desistiese de la acusación, el Juez o Tribunal absolverá al acusado, salvo que el ofendido constituido en particular damnificado sostenga la acusación que hubiere formulado el Fiscal en la oportunidad del artículo 334”.
Más allá de significar la reforma introducida a la ley adjetiva vigente en el territorio de la provincia de Buenos Aires por Ley 13.943, un paso adelante en la adecuación de la legislación procesal a las normas constitucionales referentes a los derechos de las víctimas de delitos, advertimos que la puerta que se abre por por un lado, continua cerrada por otro. Puntualizando, nos resulta contradictorio que se faculte al ofendido –siempre que esté constituido en particular damnificado, requisito que, conforme señalamos precedentemente, debería flexibilizarse- a sostener una acusación en caso de desistimiento del Ministerio Público Fiscal, y –por otro lado- se le vede la intervención en el acuerdo de juicio abreviado (art. 402 CPP t.o Ley 13943). De consuno, entendemos que la ley procesal bonaerense sigue mostrando un marcado desinterés por la vìctima, resultando incoherente la ley 13.943, al permitirle, siempre que se constituya como particular damnificado, sostener una acusación independientemente de la postura que asuma la Fiscalìa, pero manteniéndola al margen del juicio abreviado, instituto que, estadísticamente, es la forma en que concluyen la mayor parte de los procesos penales correccionales, estadística que, seguramente, se hará extensiva a los procesos criminales al ampliarse la aplicación del instituto si el Fiscal estimase que no solicitará una pena privativa de libertad superior a los quince años. Coincidimos con Santiago Marino Aguirre en que la víctima se convierte en el convidado de piedra de una negociación en la que no participa, como si se tratase de un tercero que nada tiene que ver con el conflicto. –Refiere Santiago Martinez que el fundamento que se suele esgrimir para limitar la participación del querellante privado en el acuerdo de juicio abreviado, estaría dado por la necesidad de simplificación y celeridad. Sin embargo, son incuestionables para contradecir este argumento, las palabras del Dr. Pedro Bertolino (cit por el Dr. Santiago Martinez en la obra de referencia) respecto a que esta circunstancia evidenciaría una contradicción, pues por un lado se propone la solución del conflicto penal a través del consenso y por otro se limita la participación de uno de los principales interesados. Adherimos al Dr. Martinez cuando señala que, teniendo en cuenta que el Ministerio Público Fiscal debe velar por los intereses de la víctima, sería conveniente que recabe la opinión de la misma sobre la procedencia del juicio abreviado, más allá de que esa opinión no resulte vinculante para el Fiscal. Entendemos que resulta mucho más adecuado y concordante con la adecuación constitucional referida anteriormente, el proyecto de reforma al CPP de la Nación formulado por el INECIP, el cual establece en el art. 324: “Oposición del querellante al juicio abreviado: El querellante sólo podrá oponerse al juicio abreviado cuando en su acusación hubiere efectuado una calificación jurídica de los hechos, atribuido una forma de participación o señalado circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el fiscal en su acusación y, como consecuencia de ello, la pena aplicable excediere el límite señalado en el art. 322”
6) La reparación del daño a la víctima: En el actual sistema penal, se advierte la existencia de una verdadera transición en el tratamiento de la víctima, en éste sentido desde algún tiempo su situación está siendo repensada y reelaborada.
Si entendemos que la finalidad del sistema penal es -en definitiva- una sociedad pacífica, y que la pena debe lograr la resocialización de quienes transitan por ella, es imprescindible en muchos casos revalorizar las situaciones personales de los damnificados del delito, con posterioridad a la comisión del mismo.
Los Estados que protegen a través de un código penal diversos bienes jurídicos en aras del interés social, no continúan hasta sus últimos extremos el robustecimiento de ese mismo interés, mediante una política criminológica que permita eliminar, consecuentemente, los daños ocasionados por el hecho punible. Muchas veces, y reiteramos aquí lo expuesto en párrafos anteriores sobre la información clara, precisa y amplia que debe recibir el ofendido, éste ni siquiera está enterado de su derecho a la reparación material. El delito suele ocasionar en la víctima lesiones graves o gravísimas, que adquieren la categoría de daños permanentes que nunca se podrán reparar sino a través de una indemnización monetaria que, conforme señala Neuman , debería en ciertos casos ser automática, sin que la víctima deba meterse en el túnel judicial, recorrido largo y espinoso cuando no cuenta, conforme expusiéramos anteriormente, con medios económicos y técnicos que le permitan canalizar su pretensión. Por otra parte, la posibilidad que brinda la legislación procesal penal de promover acción civil en el marco del proceso penal, muchas veces resulta antieconómica, ya que los gastos que genera la presentación como actor civil (art. 65 Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires), no se justifican ante la escasa entidad del perjuicio sufrido el que, no obstante, según nuestro criterio, no tiene por que ser soportado por la víctima.
Es en la consideración de la reparación del daño, y en su persecución penal y civil, donde la víctima encontrará escollos para satisfacer sus pretensiones, ya que al momento de acudir ante los estrados judiciales, no siempre logrará conformar sus aspiraciones en el tiempo debido.
Si bien el art. 29 del Código de fondo consagra que la sentencia condenatoria podrá ordenar: 1- La reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias. 2- La indemnización del daño material y moral a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba, lo cierto es que la experiencia ha demostrado, que el resarcimiento moral y material, del daño emergente y lucro cesante, reconocido por la ley para ser demandado en sede penal, difícilmente llegue en el tiempo requerido por la víctima para mitigar su sufrimiento, y el de su familia.
En tanto transcurren estos juicios, el penal como el civil, pasa el tiempo y crecen las expectativas de lograr una reparación del mal que le ha sido causado. Por su parte, si el imputado se encuentra detenido, imposibilitado de trabajar, y carece de bienes, también se ve truncada la posibilidad de lograr la indemnización. De ésto se colige solo pérdida de tiempo, gastos y profundización del sentimiento de considerarse víctima, desvirtuando la verdadera finalidad de la ley.
Dijimos en apartados anteriores que, estadísticamente, conforme la reforma a la ley procesal penal bonaerense por ley 13.943 que amplía la posibilidad de acordar un juicio abreviado cuando el Fiscal estime que no solicitará una pena de prisión superior a quince años, la mayoría de los juicios penales se resolverán por esta vía. Por ende, entendemos que es acertada la propuesta de Santiago Martinez respecto a la posibilidad de acordar, al celebrarse el juicio abreviado, la reparación a la víctima. Creemos que, más allá de la participación necesaria que, conforme expusimos, debería tener el ofendido en el acuerdo, tendría que ser el Ministerio Público Fiscal quien, en virtud de la obligación que le imponen los arts. 35 y s.s de la ley 12.061, incorpore la reparación del daño como parte del acuerdo
En relación al instituto de la suspensión del juicio a prueba, habiendo sido receptado legalmente el concepto de reparación del daño a la víctima como condición de admisibilidad para el otorgamiento del beneficio, vemos que en la práctica, no siempre se ha logrado con éxito la finalidad perseguida. Este instituto, en muchos casos, brinda a la víctima la única posibilidad de lograr la reparación del daño sufrido, teniendo en cuenta que el éxito de la acción civil dependerá o bien de la solvencia económica de los imputados, o del responsable civil que deba hacerse cargo de las consecuencias del delito. Por lo tanto, deberían extremarse los recaudos a fin de sean garantizados sus derechos y así evitar la revictimización que implicaría no ver satisfechas sus pretensiones. Pese a que la reparación del daño en el instituto analizado no requiere que sea de manera integral, por otro lado, y a fin de resguardar los derechos de las víctimas, debiera facultarse al juzgador, sin perjuicio de la instancia del procesal, a un amplio margen de valoración, adecuado a cada caso en particular, para que pueda requerir el mejoramiento de la oferta por parte del imputado, como forma de internalización de los fines del instituto en exámen.
Constituyendo, como adelantáramos, el ofrecimiento de reparación de daño por parte del imputado un requisito de admisibilidad del instituto bajo análisis, de éste modo vemos que el interés de la víctima ha comenzado a ser receptado en la legislación, tratándose de restituir la situación de la misma al estado anterior al de la comisión del hecho, en cuanto resultare posible, a tenor de una adecuada resolución del conflicto. Y para lograr los fines referidos, se ha dado en general un sentido amplio al concepto de reparación del daño, el que puede consistir no solo en la entrega de dinero, en la devolución de las cosas en los delitos contra la propiedad, o bien, y en cuanto fuere posible en la realización de trabajos en favor de la víctima para compensar el daño causado.
Adentrándonos en el análisis que debe realizar el juez en cuanto a la razonabilidad del ofrecimiento formulado por el imputado, creemos que en una primera instancia el juzgador debe atender prioritariamente al interés manifestado por la víctima, en cuanto a la aceptación del mismo, al monto que estima adecuado de conformidad con los daños causados por el delito, y aún respetar su voluntad si su intención es salvaguardar su integridad por otros medios, como por ejemplo en el caso de que la víctima solicite no volver a tener ningún tipo de contacto con el imputado.-
En una segunda instancia, y si la víctima rechaza la oferta por considerarla insuficiente, entendemos que en esta etapa el juez estará facultado para evaluar la razonabilidad de la misma, teniendo en consideración los medios económicos con los que cuenta el imputado, ello en relación con la estimación de la magnitud del daño causado al damnificado del delito.
Pese a que la reparación del daño en el instituto analizado no requiere que sea de manera integral, por otro lado, y a fin de resguardar los derechos de las víctimas, debiera facultarse al juzgador a un amplio margen de valoración, adecuado a cada caso en particular, para que pueda requerir el mejoramiento de la oferta por parte del imputado, como forma de internalización de los fines del instituto en exámen.-
También estimamos pertinente que, una vez efectuado el ofrecimiento de reparación del daño por parte del imputado, se le corra traslado del mismo al Ministerio Público Fiscal con la finalidad de que su representante se manifieste respecto de su suficiencia y/o conveniencia. Ello en virtud de lo normado por el art. 35 de la ley 12061, siendo un deber de su función la asistencia de la víctima, garantizando sus derechos y facultades, a pesar de tratarse de una cuestión patrimonial. Sería muy provechoso para resolver la cuestión que estas manifestaciones se vean acompañadas de sugerencias o propuestas relativas a la determinación de un ofrecimiento que implique una reparación justa, tal como la realización de informes socio-ambientales del imputado o de aquellos que fueran necesarios para ilustrar al juez el costo real del daño ocasionado por el hecho ilícito.
Estimamos que, con una mayor intervención y compromiso del Ministerio Público Fiscal y una ampliación del margen para que el juez interviniente, sin perjuicio de la instancia, evalúe la razonabilidad de la reparación ofrecida, se podrá lograr una respuesta más apropiada a la víctima, evitando de esta manera una segunda victimización dada no sólo por un ofrecimiento irrisorio del imputado sino también por una desprotección y aislamiento del sistema penal para con la misma.
Para cerrar el tema de referencia, con el fin de conocer en profundidad la voluntad de la víctima, proponemos la realización de una entrevista con la misma previa a la efectivización de la audiencia normada por el artículo 404 CPP, otorgándole un tiempo y espacio ameno para que efectúe todas las manifestaciones que estime necesarias con la satisfacción de haber sido oída.

 

* Trabajo presentado para las Jornadas preparatorias del XXV Congreso Nacional de Derecho Procesal realizadas en Junín en marzo de 2009


Dr. Jorge Ariel Cóppola
Juez titular Juzgado Correccional 3
Departamento Judicial Junín

Dra. Karen Gallinari
Secretaria
Juzgado Correccional 3
Departamento Judicial Junín

Dra. María Belén González
Auxiliar Letrada
Juzgado Correccional 3
Departamento Judicial Junín

Colegio de Magistrados y Funcionarios Junin | 2015

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