INFORMACION Fallo plenario del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires relacionado con la suspensión del proceso penal a prueba

19/09/2013

USO OFICIAL – JURISDICCIÓN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
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Causa N° 52.274 – 52.462
“B. L. E. y otro s/ Recurso de Queja
(Art. 433 CPP)” y su acumulada –
Pedido de Acuerdo Plenario
ACUERDO
En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, a los 9 días del
mes de septiembre de 2013, reunidos en Tribunal Pleno los señores jueces
del Tribunal de Casación Penal, Dres. Carlos Angel Natiello, Benjamín
Ramón Sal Llargués, Horacio Daniel Piombo, Jorge Hugo Celesia, Fernando
Luis María Mancini, Carlos Alberto Mahiques, Víctor Horacio Violini, Ricardo
Borinsky, Daniel Carral, Mario Eduardo Kohan, Martín Manuel Ordoqui,
Ricardo Ramón Maidana, y Federico Guillermo José Domínguez, Presidente
del Tribunal, para resolver en la causa N° 52.274 caratulada “B., L. E. y O.,
A. R. s/ Recurso de Queja (Art. 433 C.P.P.)” y su acumulada causa N°
52.462 caratulada “C., L. y B., A. M. s/ Recurso de Queja (Art. 433 C.P.P.)”.
Practicado el sorteo de ley resultó que en la votación debía observarse
el siguiente orden: SAL LARGUES (primer término por la posición que
resultara mayoritaria surgida del debate) - MANCINI (primer término por
la posición que resultara minoritaria surgida del debate) – ORDOQUI –
MAIDANA – KOHAN – NATIELLO – VIOLINI – CARRAL – BORINSKY -
MAHIQUES – CELESIA – PIOMBO y en los términos del art. 5° inc. c) del
Reglamento Interno DOMÍNGUEZ (ref. Acuerdo de fecha 25 de Abril de
2013).
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Cumplidos los trámites de rigor, y de acuerdo al Acta de fecha 27 de
Agosto de 2013 por mayoría absoluta, corresponde plantear y votar las
siguientes:
CUESTIONES
Primera: ¿Es sentencia equiparable a definitiva la resolución que
deniega la suspensión del juicio a prueba prevista en el artículo 76 bis
del Código Penal?
Segunda: ¿Es posible la suspensión de juicio a prueba en los
casos de condena de ejecución condicional o pena máxima que no
supere los tres años?
Tercera: ¿Es procedente la aplicación del instituto de la
suspensión del juicio a prueba para aquellos delitos que tienen prevista
pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa?
Cuarta: ¿Es necesaria la anuencia del fiscal en todos los
supuestos contemplados en la norma del artículo 76 bis del Código
Penal?
VOTACIÓN
A las cuestiones planteadas, el Señor Juez, Dr. Sal Llargués, dijo:
Para responder a la pregunta es inevitable revisar la naturaleza del
instituto de la suspensión del juicio a prueba, cuya aplicación fuera denegada
en resolución que ahora se somete al control del Pleno del Tribunal, ello a la
luz de los problemas que plantea su recepción legal en el digesto penal
nacional.
Lo que resulta claro es que es un diverso modo procesal de abordar la
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solución del conflicto de los que trata el Código de forma entre los
procedimientos especiales.
Este abordaje necesariamente implica algunas reflexiones sobre
temas colindantes no traídos a la discusión por el solicitante pero cuya
consideración se hace insoslayable para dar completividad legal y lógica al
análisis que propongo.
Aun cuando resulte obvio, es necesario acudir al texto de la norma en
trato del Código Penal de la Nación. Ello porque – como es sabido - el primer
criterio de interpretación legal es el del límite de resistencia semántico, esto
es que no puede darse a la ley un sentido diferente de lo que la misma – a la
luz del significado de las palabras que la expresan – quiere decir.
Así, es necesario repasar el texto del artículo que creara el instituto en
el Código Penal Argentino por imperio de la ley n°24.316 de mayo de 1994.
“Artículo 76 bis. El imputado de un delito de acción pública reprimido
con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá
solicitar la suspensión del juicio a prueba.
En los casos de concurso de delitos, el imputado también podrá
solicitar la suspensión del juicio a prueba si el máximo de la pena de
reclusión o prisión aplicable no excediese de tres años.
Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo
de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique
confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El
juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada.
La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este
último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la
acción civil correspondiente.
Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el
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cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal,
el tribunal podrá suspender la realización del juicio.
Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera
reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la
de prisión, será condición, además, que se pague el mínimo de la multa
correspondiente.
El imputado deberá abandonar a favor del Estado, los bienes que
presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena.
No procederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario
público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado del delito.
Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los
delitos reprimidos con pena de inhabilitación.
Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los
ilícitos reprimidos por las Leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas
modificaciones.” ( los destacados no están en el original ).
Me he permitido señalizar cuatro párrafos de la disposición puesto que
el artículo comienza estableciendo los supuestos en que procede el instituto
y así sigue el derrotero lógico de toda articulación procesal que es determinar
primero el ámbito de su aplicación, o lo que es lo mismo, cuándo puede
solicitarse.
Esto que digo resulta claro puesto que en los tres primeros párrafos
del artículo en trato la norma se refiere a los supuestos en que el imputado
puede solicitar la suspensión y de qué modo debe canalizar esa solicitud.
El primer párrafo de la norma se refiere al más básico de los
supuestos en que puede el imputado solicitar la suspensión del juicio a
prueba, que es en el que se impute una infracción conminada con pena
privativa de libertad que no exceda los tres años.
El segundo párrafo prevé la concurrencia de delitos y establece que
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aún cuando el máximo aplicable conforme a la norma del art. 55 del mismo
texto de fondo exceda ese guarismo, la suspensión podrá ser solicitada ( y “
a fortiori “ procederá ) si el mínimo ( en la hermenéutica de la norma el
mínimo mayor) permite dejar en suspenso la pena, es decir, cuando no
exceda los tres años de pena privativa de libertad.
Es claro que la referencia a la pena aplicable - conforme al criterio de
interpretación más restrictivo de penalidad inserto en el art. 3 del rito - remite
a la que el juez estime en concreto y con prescindencia de la eventual
excedencia del guarismo de los tres años en el máximo amenazado y que –
conforme al mentado art. 26 C.P. – pueda ser dejada en suspenso.
No se refiere a la pena “ en abstracto “ sino a “ la pena aplicable “,
esto es, la pena concreta que – en el caso contingente – estime justa.
De tal suerte, el guarismo de tres años no resulta infranqueable por
razón del concurso real.
Nótese que el primer párrafo alude claramente al máximo amenazado
por la figura en tanto que el segundo párrafo se refiere a la pena “aplicable”
con lo que ese límite – reitero - no es infranqueable a la luz de este segundo
supuesto.
Como puede apreciarse, ambas hipótesis – párrafos primero y
segundo - reconducen al guarismo de tres años como límite dirimente en
orden a la concesión de la suspensión del juicio a prueba que es el mismo
que la ley – en el art. 26 del Código Penal – establece como pauta de
procedencia de la condenación condicional.
Como puede advertirse también sin dificultad, ambos institutos
establecen su procedencia en supuestos en que la pena a aplicar no exceda
de tres años.
Discernidos los casos en que procede, es el cuarto párrafo el que
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establece la pauta que permite al tribunal acceder a esa solicitud y que no
es otra que la evaluación de que la pena a aplicar – conforme a las
circunstancias del caso - pueda ser dejada en suspenso en los términos del
art. 26 del Código Penal y que medie consentimiento del Fiscal.
Pero esto que digo tiene como derivación necesaria la pregunta
relativa a la intervención del ministerio público fiscal en el instituto que – en
mi sentir – tiene todo que ver con la naturaleza que le asigno.
Sostuve en un añoso precedente (causa n° 2.811) que:"... La
suspensión del juicio a prueba, tal como está legislada en el Código Penal
constituye un modo de extinción de la acción penal. Presume la conformidad
de su titular que —con esa aquiescencia— resigna su ejercicio en aras de la
resolución del conflicto que la generó.
Esa resolución del conflicto es —obvio es decirlo— la télesis de toda
intervención jurídica. La felicidad o infelicidad en esa faena es por cierto
discutible cuando se trata de la intervención penal, caracterizada por la
amenaza de la pena y —en ocasiones— por la irrecuperabilidad del bien
jurídico afectado. De allí que —tratándose de conflictos de menor
envergadura los que se pueden sujetar a la suspensión— resulta posible
imaginar que esta institución legislativa propenda a lograr la efectiva solución
de los mismos.
La situación ideal que inspira ese instituto, es el acuerdo entre ofensor
y ofendido y la conformidad del titular de la acción que —de tal suerte—
puede extinguirse. La norma del artículo 76 bis del Código Penal tiende a ese
acuerdo esencial y definitivo: la disolución del conflicto que el infractor
generara. Se encuentra ante una persona imputada de un delito menor, que
pretende "...hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo
posible..." (art. 76 bis C.P. tercer párrafo) que se somete a las reglas de
conducta que le sean impuestas (art. 76 ter C.P. primer párrafo) y que se
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compromete a no cometer un nuevo delito (cuarto párrafo del último
artículo citado). Allí, la intervención estatal resultaría sobrando. No tendría
sentido una represión que fuera más allá de lo que la propia víctima reclame.
En ocasión de expedirme sobre aspectos colaterales del instituto he
afirmado que constituye una forma larvada de disponibilidad estatal de la
acción penal.
En el caso en examen se verifica una situación en la que el pretensor
estatal presta su conformidad para que la acción de la que es titular, se
extinga.
Ello importa la decisión del Estado -por parte del funcionario
autorizado para ello— de resignar su intervención ante la clara evidencia de
que esa solución es la mejor en aras de resolver el conflicto. Esa decisión —
cabe reiterarlo— es decisión del Estado y —como se deja dicho— se limita a
negar su intervención penal.
En esa decisión —como lo sostiene la recurrente— no puede
intervenir el ofendido puesto que éste no puede disponer sino de las
acciones que expresamente le han sido confiadas en su instancia y
prosecución (art. 73 del C.P.)...".
En este contexto carece de sentido sostener que existan supuestos en
que no interesa la opinión del acusador estatal. Si el efecto definitivo del
instituto es la extinción de la acción, entonces el Estado titular de las
acciones que pueden ser involucradas en el instituto, a la luz de la actividad
de su representante, es elemento indisputable de la cuestión.
Contingente – en cambio – resulta el sujeto pasivo o el damnificado
que, como se ha señalado, puede desinteresarse en esta instancia o acudir a
la civil.
De tal suerte puede caracterizarse al instituto como un procedimiento
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especial aplicable a delitos menores que procura evitar la realización de los
juicios mediante un acuerdo de partes en las que el imputado queda
comprometido a la observación de las reglas de conducta que se hayan
convenido. Su sujeción a las mismas lleva a la extinción de la acción.
Eventualmente también incluye la reparación del daño.
El valladar a superar para votar por la afirmativa en la cuestión primera
de este plenario lo constituye la disposición del art. 450 del ceremonial
provincial respecto de la calidad de los decisorios que revisa – en principio -
limita la competencia de este Cuerpo a los definitivos. Luego alude a una
serie de decisiones a las que equipara a la sentencia definitiva.
El sistema que el legislador provincial adoptó para establecer esa
limitación es deficiente puesto que – comenzando por referirse a los
supuestos expresamente casables por estar “ especialmente previstos “ se
refiere a las sentencias definitivas aclarando desde la reforma de la ley n°
13.812 de abril de 2008, sean estas habidas en juicio oral, abreviado y
directísimo en lo criminal como a las producidas en Hábeas Corpus
originados ante las Cámaras de Apelación y Garantías.
Luego establece que también procederá contra autos dictados por
esas Cámaras que revoquen los de primera instancia cuando a) pongan fin a
la acción, b) pongan fin a la pena, c) pongan fin a una medida de seguridad o
corrección, o imposibiliten que continúen d) o denieguen la extinción o
suspensión de la pena o el pedido de sobreseimiento en el caso en que se
haya aducido la extinción de la acción penal.
Finalmente sostiene que también podrá interponerse respecto de
autos de las Cámaras que denieguen la libertad personal, incluso en la etapa
de ejecución.
Esta vastedad de resoluciones recurribles ante la casación contrasta
con el confesado objetivo de quienes planificaran este procedimiento que
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esperaban que la materia se redujera prácticamente a las sentencias
definitivas ( así Chiara Díaz en el “ Código Procesal Penal de la Provincia de
Buenos Aires Comentado " Ed. Rubinzal Culzoni Santa Fé, 6 de mayo de
1997 pág. 429 y siguientes ).
Pero es claro que desde esa concepción estrecha del recurso propio
ha pasado mucha agua bajo el puente.
En cuanto a la caracterización del mismo cabe destacar la influencia
de los fallos “ H. U. “ de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y “ C.
“ de la Corte Suprema de la Nación y la condigna reforma del ritual a que me
he referido en el rubro de la admisibilidad, que consolidaran el derecho al
recurso con el diseño de un remedio amplio y sencillo que permita satisfacer
la búsqueda de mejor derecho en forma efectiva.
La noción de resolución equiparable a sentencia definitiva alumbrada
por la Casación Nacional respecto de una norma de procedimiento de
parecida factura ( art. 457 C.P.P.N. “ A. “ Sala 3 18-9-95, “ O “ Sala 1 19-
3.96, “M. “ Sala 1 11-7-96 entre las primeras ) resulta francamente
redundante puesto que la casuística que ahora propone la norma permite
afirmar sin esfuerzo que una resolución que deniega la suspensión del juicio
a prueba es de aquellas que por su naturaleza – en el supuesto para el que
fuera diseñada - imposibilita que continúe la acción penal instaurada.
Esta equiparación evidente no es sin embargo la única razón que
aconseja su recepción en esta instancia puesto que – como hemos sostenido
recientemente con el Dr. Carral en causa n° 54.917 – de no hacer lugar a los
reclamos de intervención se causaría un perjuicio de imposible reparación
ulterior por quien la solicita que resultaría inexorablemente obligado a
afrontar el juicio.
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En esto no hemos hecho sino seguir el derrotero señalado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación que ha sostenido en supuestos
equivalentes “…que la tutela de los derechos que se invocan no podría
hacerse efectiva en una oportunidad procesal posterior…” ( CSJN LL 1998-
E-343) y más adelante “…si bien la resolución que rechazó el recurso de
casación contra la decisión que no había hecho lugar a la solicitud de
suspensión del proceso a prueba no constituye, en principio, sentencia
definitiva, corresponde equipararla a aquella en la medida que origina
agravios cuya enmienda en la oportunidad procesal que se lo invoca,
exhiben prima facie entidad bastante para conducir a un resultado diverso del
juicio, por lo que de ser mantenidos generaríanse consecuencias de
insuficiente o imposible reparación ulterior…” ( CSJN LL 2003-B-839 ).
Esto desplaza toda razón que acuda a argumentos formales para
negar el acceso de esta temática a la revisión por este Tribunal.
En efecto, la dinámica en que puede plantearse la solicitud está
reglada por la norma del art. 404 del ceremonial y de ella resulta que la
misma se puede articular desde la recepción de la declaración del imputado
en los términos del art. 308 de ese digesto y hasta treinta días antes “ de la
fecha fijada para la audiencia del debate oral.”.
En todo ese iter podrían considerarse operativas diversas normas que
se refieren a limitaciones a la posibilidad de impugnar distintas resoluciones.
Tal sería el caso de los arts. 338 ó 429 a la luz de la norma del primer párrafo
del art. 421.
Sin embargo es la razonabilidad republicana la que impone aventar
esa supuesta vía puesto que – como resulta de los fallos de la Corte Federal
citados – la inimpugnabilidad de una negativa a suspender el juicio a prueba
obligaría a celebrarlo tornándose ilusorio el reclamo. Esta es la raíz de la
razón material que abre el recurso propio puesto que su rechazo por esa
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nuda argumentación formal importaría un gravamen de imposible reparación
ulterior.
Ello me lleva a pronunciarme por la afirmativa respecto de la cuestión
traída al pleno.
También en el rubro de la admisibilidad, la norma del art. 76 bis C.P.
penúltimo párrafo dispone que “ tampoco procederá la suspensión del juicio a
prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación.”. Esto
ha generado disímiles pronunciamientos que cabría aventar aquí.
Tanto es esto así que en esta causa n° 52.274 en la que se ha
planteado esta controversia entre decisiones de diferentes Salas de este
Tribunal la Sra. Fiscal Adjunta ante el mismo, Dra. Alejandra Marcela Moretti
postula su rechazo y colaciona fallos que han declarado la inadmisibilidad del
instituto en atención a que la infracción en ellos contenida contemplaba la
pena de inhabilitación.
Esta era la posición del firmante hasta que las razones que expusiera
mi colega en la actual Sala I, Dr. Daniel Carral en la causa n° 54.838 de la
Sala que ahora integramos ambos, hicieran que revisara mi postura.
Dijo allí mi distinguido compañero de Sala: “Tal como se desprende de
los antecedentes del caso, la decisión jurisdiccional originaria rechazó el
pedido de suspensión del juicio a prueba a partir de la oposición del
ministerio público fiscal a la procedibilidad de tal instituto, apoyando su
escueta opinión en que la adecuación típica de los hechos bajo examen
ingresaba en una figura que prevé la pena de inhabilitación en forma
conjunta.
Dicho pronunciamiento mereció la confirmación de la alzada
departamental que, en líneas generales, cobijó el mismo razonamiento del
magistrado de origen.
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Cuestiones de calificación a un lado, debe partirse en el análisis desde
la coincidencia doctrinaria en que “lo único que tienen en común la decisión
del tribunal y la opinión del fiscal es que ambas deben ser fundadas y
controlables según criterios de legalidad y razonabilidad….” (Bovino, Alberto
“La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal
Argentino” Ed. Del Puerto, Bs. As., 2001 pág. 155).
Incluso no huelga recordar que en el controvertido plenario “ K.“ – de
la Casación Nacional – se afirmaba desde la mayoría, que “ la oposición del
Ministerio Público Fiscal se halla sujeta al control de logicidad y
fundamentación por el tribunal…”.
Desde este prisma de análisis, la oposición fiscal que pretende
ampararse en la pena de inhabilitación que prevé como sanción conjunta la
calificación asignada a los hechos enrostrados, desconoce la doctrina
sentada por nuestro máximo intérprete constitucional que, a partir del fallo “
N., J. B. s/ recurso de hecho “ (sentencia del 23 de abril de 2008, N. 326.
XLI)., se expidió sobre la procedencia de instituto de marras en un supuesto
de infracción al art. 302 del C.P. que, al igual que el caso que nos ocupa,
prevé también una pena conjunta de inhabilitación, remitiéndose en lo demás
al sentido de interpretación que debe regir para la aplicación de la
suspensión del juicio a prueba, a los postulados vertidos en el fallo “A., A. E.”
de igual fecha que el anteriormente citado y que prohijó la aplicación de la
conocida como “ tesis amplia”“ en esta materia.
En consecuencia, la interpretación legal sostenida por el órgano
acusador respecto del alcance del art. 76 bis en el caso concreto – y que el
tribunal “ a quo” hizo propia al considerarla suficiente valladar -, no luce
ajustada a derecho, cuando el argumento rector de la decisión se apoyó
exclusivamente en la pena conjunta de inhabilitación que conlleva la
infracción penal enrostrada.
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Desde la doctrina judicial se ha sostenido que: “para que la decisión
de disponerla o rechazarla [a la suspensión del juicio a prueba] no sea el
producto de las más absoluta discrecionalidad (fiscal ni judicial), es
importante que, en los casos del cuarto párrafo del art. 76 bis del C.P., se
determine la existencia de los siguientes tres requisitos legales:1) la
posibilidad de condena condicional en el caso concreto; 2) que el mínimo de
esa especie de pena previsto en el tipo penal en juego no supere los tres
años; 3) que el imputado carezca de condenas penales computables que
impidan la condicionalidad…” ( cfr. Cámara Nacional de Casación Penal, sala
IV, causa n° 10.858, “ Soto García, José María y otros, rta. el 12/08/2009; “
Fogel, Eugenio Jaime”, causa n° 10.895, rta. el 15/09/2009 ).
En consecuencia, más allá de las facultades potestativas del ministerio
público fiscal, existe una obligación jurisdiccional insoslayable como
necesario control de legalidad que, en este particular, debe verificar la
existencia de los presupuestos que habilitan la procedencia del instituto de
suspensión del juicio a prueba, y en su caso, bajo la intelección de la
procedibilidad de tal instituto es un “ derecho “, condicionado, pero un
derecho al fin, debe entenderse que en caso de corresponder amerita su
procedencia cualquiera fuere la opinión del representante del ministerio
fiscal.
A mi modo de ver, esta interpretación es la que acota todo margen de
arbitrariedad y permite al mismo tiempo que la finalidad del instituto de la
suspensión del juicio a prueba no se vea desnaturalizada.
Finalmente, y en función de los argumentos expuestos, entiendo que
la resolución en crisis exhibe un apartamiento de los standares de
interpretación de la ley penal consagrados particularmente en el precedente
“Acosta” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que en definitiva
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descalifica a la resolución impugnada como un acto jurisdiccional válido, por
lo que propongo al Acuerdo declarar admisible, sin costas, la queja
interpuesta…”. En ese mismo sentido se expidieron los otrora integrantes de
la Sala III –con el Dr. Carral- Dres. Borinsky y Violini.
Ese voto, como adelantara, concitó la adhesión del firmante con el
siguiente agregado: “Sostuve en causa n°6.087 en lo pertinente: “Excepto en
lo que se refiere a la asimilación que hace el recurrente al juicio abreviado,
adhiero al voto del colega que lleva la voz cantante en este acuerdo.
Agrego a sus fundamentos alguno que expresara como Juez de la
Cámara de Apelación en lo Penal de este Departamento Capital y que – en
primer lugar – se relaciona con el alcance que la norma tenía para los que la
diseñaran, toda vez que – como entre otras señalara en causa nº 85.563 “
Peralta, Lázaro – homicidio culposo “ ( nº 151 Reg. de resoluciones 1995 de
la Sala II de esa Cámara) – “ de la exposición de motivos resulta que los
autores del proyecto han pretendido excluir ese núcleo de tipos de la figura
de la suspensión del juicio a prueba.”.
Esta prieta glosa la hago al solo efecto de destacar que desde mi
desempeño como Juez de la Sala II de la Cámara departamental sostuve la
validez de la prohibición que instituye la disposición del art. 76 bis C.P. que
alude a las figuras amenazadas con pena de inhabilitación y que en parte lo
hacía por la télesis de la disposición que reparaba – a estar a los debates
parlamentarios - en supuestos de mala praxis y que por ello las excluían.
Creo que debo revisar ese criterio.
Es que advierto que ese modo anómalo de resolución del conflicto
indudablemente importa una clara limitación al poder punitivo al sustraer un
considerable número de infracciones de la pena penal como única solución y
que la prohibición que establecieran los legisladores se inspiraba en una
suerte de medida cautelar que anticiparía un eventual fallo de condena. Más
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claramente, sólo si se llegara a una condena firme la inhabilitación se haría
efectiva.
De tal suerte el que resulta maltrecho de la interpretación de que
ahora me aparto es el principio de inocencia.
Por lo demás, en la hermenéutica de las disposiciones que la
contemplan, existe la posibilidad de imponer reglas de conducta (art. 76 ter
C.P.) que remiten a las enunciadas por el art. 27 bis del mismo texto.
Hecha esta salvedad que importa ese salto cualitativo que me propone
el voto del Dr. Carral, adhiero a su sufragio.”.
Un argumento nada desdeñable desde la técnica legislativa expresada
en el texto en examen lo brinda la referencia que el art. 76 bis C.P. hace de
la pena de inhabilitación como de la de multa.
Cuando los legisladores se refirieron a esta última, lo hicieron
destacando su carácter de pena conjunta o alternativa con la de prisión en
tanto que en la alusión a la pena de inhabilitación no formularon distingo
alguno refiriéndose en forma exclusiva a la misma.
Descontado – reitero - que claramente quisieron prohibir la suspensión
del juicio a prueba respecto de delitos conminados con esa pena y que en
sus debates expresamente se refirieron a los delitos culposos, la formulación
facilitaría la inteligencia que proponemos del texto: estaría vedada sólo
respecto de delitos amenazados únicamente con esa sanción, cuales serían
– por caso – la denegación y el retardo de justicia del 273 y 274, la demora
en perfeccionar un pago aprobado del art. 264, disposición coherente (
aunque sobreabundante ) con la que también la veda a aquellos delitos en
que haya participado un funcionario en un acto funcional.
Esa tesis que negaba la suspensión del juicio a prueba en los delitos
culposos, a la luz de la naturaleza que le asigno se vuelve irrazonable y
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genera efectos tan paradojales como que a una persona le resulte más
beneficionso para evitar legalmente la pena penal, asumir que delitos
perpetrados mediante conductas claramente culposas en realidad fueron
dolosas, como sería el caso de las lesiones leves.
Por todo lo expuesto, a la primera cuestión: voto por la afirmativa; a la
segunda cuestión, voto por la afirmativa; a la tercera cuestión: voto por la
afirmativa; y a la cuarta cuestión: voto por la afirmativa.
A las cuestiones planteadas, el Señor Juez, Dr. Mancini, dijo:
El voto del Sr. Juez Dr. Benjamín Sal Llargues, con buen criterio,
excedió el motivo central de la convocatoria, refiriéndose a otros temas de
importancia. Observemos:
Confrontando la ley con argumentos y consideraciones de algunos
magistrados de instancias previas, se descubren, antes que nada,
despropósitos hermenéuticos que desnudan una verdad preocupante, a
saber: que las palabras no tienen paz.
Y cuando las palabras no tienen paz, se angostan los significantes, se
difuman los significados y se dificulta el buen entendimiento en sociedad,
dato éste que atañe a la política en general y a la administración de justicia
en particular.
Es que el lenguaje, todavía, sigue siendo troncal en el desarrollo de
las relaciones humanas y toda subestimación de su inequivocidad
descalabra la convivencia. Respetar la certidumbre del lenguaje contribuye a
la armonía.
Por otro lado, temprano hay que decir que es tarde, dado que el actual
abordaje de algunos puntos quizás aparezca demorado, pues ya existen
pronunciamientos decisivos a su respecto, con lo cual la suerte del plenario,
en parte, está echada.
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De todos modos, en esta ocasión, resisto la idea a partir de la cual el
anacronismo pueda ser un calificativo de la verdad. Y aunque acaso no haya
ni tiempo ni modestia suficientes para que se revisen o se desdigan
posiciones asumidas, la luz que hoy pueda proyectarse, servirá, en alguna
medida, para esclarecer el conflicto central o sus conexos.
Primer tema.
En principio, el recurso de casación contra el pronunciamiento que
deniega la solicitud de suspensión de juicio a prueba es inadmisible. Ello
porque, a la luz de los artículos 421 y 450 del CPP, tal decisión no constituye
sentencia definitiva y su recurribilidad ante este Tribunal no está
expresamente prevista.
El empleo de los vocablos “en principio” al comienzo del párrafo
anterior, tiende a no dejar fuera de mención, resoluciones excepcionales
que, por determinados motivos de hecho y de derecho, podrían, en ciertas
ocasiones, considerarse equiparables a una sentencia definitiva; lo cual no
ocurre en esta oportunidad.
Más allá del laconismo de la respuesta, algunas ideas tal vez faciliten
avances jurisprudenciales más prolijos y, a partir de ellos, nueva legislación.
Abogar por la admisibilidad del recurso izando con ímpetu la bandera
de la equiparación con la sentencia definitiva por agravios de imposible o
insuficiente reparación ulterior, no garantiza el éxito pretendido. Es que dicha
imposibilidad no puede esgrimirse como un proverbio que, recitado a modo
de abracadabra, se vuelve pócima que, con efectos curativos, y esparcida
sobre puertas legalmente cerradas, las abre. Tan simplemente porque, en
general, cada vez que en un proceso se deniegan pedidos a través de
resoluciones irrecurribles, suelen emerger agravios que no tendrán
reparación, o cuya reparación será insuficiente, al menos desde un punto de
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vista cronológico. Y aún sin ignorar, claro está, que toda reparación implica,
por definición, posterioridad, lo cierto es que, en realidad, el legislador ritual,
a su tiempo, ya seleccionó los estados circunstanciales que, a su criterio,
podrían merecer revisión.
Para el intento, en verdad, hay mejores caminos.
En efecto, de darse una situación en la que los hechos mostraren
perfiles de excepcionalidad y un marco dentro del cual pudiere verse con
nitidez la pretensión de obtener una posterior extinción de la acción penal,
con promesa previa de acatar con plenitud las condiciones impuestas para la
obtención de la suspensión y las establecidas para el tiempo fijado por el
tribunal, podría entenderse –aún sin negar su calidad de pedido a futuro- que
el asunto ingresa en una situación asimilable a la regulada en el final del
párrafo segundo del artículo 450 del CPP. En tal caso y de acuerdo a las
circunstancias y a las formalidades de las presentaciones, las ideas de
aceptación podrían alcanzar andamiento.
Por el momento, entonces, a la pregunta formulada para el caso sobre
la admisibilidad del recurso de casación contra el auto que deniega un
pedido de suspensión del juicio a prueba, mi respuesta es negativa.
Pongo moño de regalo para cerrar esta cuestión, recordando que, sin
mengua de la gran trascendencia del asunto que antecede, no sobra
enfatizar su naturaleza meramente procesal y, de por sí, por ende, al servicio
de la materia sustantiva. Esto hace menos recomendable aún que los
estudiosos del rito se asomen por sus estrechas ventanas al patio
constitucional para enhebrar esfuerzos interpretativos tendientes a desviar la
manda de una ley, asignándole una operatividad generalizada con sentido
contrario al que dimana diáfano de la literalidad de su texto, más sí, como en
el caso, podrían explorarse –como ya fue dicho- sendas menos
cuestionables, siempre que estén presentes determinadas alternativas.
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Segundo tema.
¿Cuáles son los delitos de acción pública cuya imputación permite
solicitar la suspensión del juicio a prueba? La respuesta es:
Únicamente aquéllos que tengan fijada legalmente una pena que no
exceda tres años de prisión o reclusión.
Parece claro y sin embargo, hay extendida jurisprudencia (incluso de
tribunales superiores) que, con independencia de la pena legalmente
prevista, añade como segunda alternativa de procedibilidad, los casos en
que las circunstancias permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la
condena, si mediare además consentimiento fiscal.
La ley, en realidad, no auspicia ni tolera, según estimo, esta segunda
vía.
Al contrario, con tono exento de ambigüedades, el artículo 76 bis del
Código Penal, como parodia de un manual de instrucciones, va indicando a
cada uno (imputado, juez, parte damnificada y fiscal), paso a paso, lo que
legalmente puede y debe hacerse durante el trámite que regula la
suspensión del juicio a prueba. Veamos:
La imputación de un delito de acción pública (o un concurso de delitos)
cuya pena máxima de encierro no supere tres años, colma el ámbito de
operatividad del instituto en cuestión.
Sobre tal escenario, y de estar cumplidos los demás requerimientos de
la norma pertinente, “…Si las circunstancias del caso permitieran dejar en
suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento
del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio…”.
Allí, recién allí y sólo allí, bajo dichas condiciones, -reitero, recién allíla
ley otorga a la jurisdicción la facultad de suspender el juicio.
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Es decir que entonces, presentes tales requisitos y mientras no se
trate de supuestos en los que la ley pone impedimentos por clase de pena o
calidad del sujeto activo, podrá suspenderse el juicio bajo promesa
condicionada que, de cumplirse, traerá, pasado el tiempo que se establezca,
su cancelación por inexistencia de acción.
Un análisis que respete los parámetros mínimos de coherencia
mostrará que no hay espacio para una lectura de la norma que, a título de lo
que ha dado en llamarse interpretación amplia, pretenda convalidar como
alternativa el funcionamiento de la figura en delitos que, en abstracto, tienen
fijada legalmente una sanción de encierro mayor de tres años.
La forzada división del único supuesto en dos, apareja –
inexorablemente- absurdos inconciliables con la letra misma de lo que fue
legislado.
Efectivamente, si así fuera, el caso no discutido (pena legalmente
fijada en no más de tres años de prisión o reclusión) aparecería sin
resolución en la norma. Es decir, se estaría mencionando la situación en la
que el imputado puede solicitar el beneficio, pero no habría manda legislativa
hacia la jurisdicción para que se pronuncie a su respecto. Imposible. Sería
un supuesto de ley que no legisla.
Además, el caso del cuarto párrafo sería el único que traería dispuesta
la indicación hacia la magistratura para que lo resuelva. Imposible. Sobrarían
el primero y el segundo párrafo del artículo 76 bis del Código Penal.
Estos despropósitos no pueden salvarse, ni siquiera sosteniendo que
los dos primeros apartados estarían regulando especies en las que no se
exige el requisito del estado circunstancial que es presupuesto de la
aplicación del artículo 26 del Código Penal, porque una lectura de ese tenor
chocaría frontalmente con el texto del artículo 76 ter. del Código Penal que
indica el establecimiento de las reglas del artículo 27 bis del mismo Código,
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por lo cual nadie discute que la posibilidad de suspensión condicional de la
ejecución de la pena es siempre una exigencia ineludible.
Está claro entonces que la ley (art. 76 bis CP) no describe dos casos
separables (uno, el de los dos párrafos iniciales; y el otro, el del cuarto
párrafo). Nada de eso.
Demostrado como lo está que la posibilidad de de dejar en suspenso
la condena es siempre un requisito forzoso, entonces la única conclusión
posible de un razonamiento lógico es que, el cuarto párrafo no consagra un
caso separado, sino que agrega, a su tiempo, más condiciones al mismo
caso (entre ellas además agrega el consentimiento fiscal). Y esto último
también muestra con nitidez, y en negro sobre blanco, el yerro interpretativo
de quienes quieren ver a la anuencia fiscal como dirimente para la
presentación de dos alternativas.
La ponencia que vengo sosteniendo no necesita robustecerse con
argumentaciones que recuerden que el consenso del acusador –encargado
de llevar adelante la acción penal- es siempre imprescindible para la
cancelación de un juicio en el que está obligado a ser parte constitutiva. Por
supuesto que eso es verdad (así lo dice la ley, cuando luego de ir
enumerando escalonadamente los requisitos, antepone la exigencia del
consentimiento fiscal, precisa e inmediatamente antes de la única
oportunidad en que le otorga a la jurisdicción la posibilidad de suspender el
juicio), pero todo esto, más allá de constituir un aporte más a la postura
hermenéutica que propongo, es –además, y más que nada- una exhibición
de perfecta compatibilidad que finaliza mostrando que, si el decurso literal de
la disposición impide contundentemente la creación de un segundo supuesto,
toda tentativa de buscar un elemento diferenciador está destinada al fracaso.
Fin.
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Muy por fuera de todo ello, y ya en otro orden de ideas, nadie podría
negar que, desde un punto de vista material, la evitación del juicio, entendido
como antesala de la pena, bien puede proclamarse como un propósito
loable. Más aún si no se olvida que la pena (mal por excelencia) deja mucho
que desear desde su naturaleza retributiva, y sobre todo desde su finalidad
resocializadora. Así es que no pueden censurarse los intentos de
arrinconarla un poco; al menos, hasta que no sea reemplazada por una
solución que la supere, toda vez que, por el momento, es inimaginable su
abrupta e inmediata supresión.
Debe admitirse entonces que la ampliación del campo de empleo de la
herramienta en trato, seguramente contribuiría al logro de objetivos
deseables. Pero, por decirlo amablemente, los fines no siempre justifican los
medios.
Es necesario, por ende, que los legisladores así lo entiendan y así lo
consagren en la ley, porque –zapatero a tus zapatos- los jueces no deben
legislar.
Estas últimas cinco palabras (los jueces no deben legislar) reclaman,
aunque más no sea, una breve perorata que las corone a modo de
fundamento.
Toda actuación que pueda convertir en habitual una conducta
legisladora de los magistrados, implicará graves riesgos y alentará la
creciente falta de respeto y de credibilidad que vienen mereciendo –unos
injustamente, y otros no- los jueces.
La ley es material con el que los magistrados trabajan. Pero cuando la
maltratan como material plástico, -maleable a gusto de sus caprichos de
justicia subjetiva-, terminan limando, de algún modo, la soberanía del pueblo
representado.
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Además, en ciertas ocasiones, algunos jueces se marean con aires
épicos, y aunque ya no visten togas, ni calzan pelucas, asumen un talante de
jactancia que, inevitablemente, los muestra disfrazados. Se ven a sí mismos,
y se sienten, como héroes románticos subidos a escena para doblar el brazo
de los poderosos, en histriónica defensa de los más débiles, expropiando a
veces –incluso- dolores bien ajenos. Patéticos en general, por un lado; pero
no por otro, pues respecto de alguna vez en particular -nobleza obliga a
señalarlo-, debe reconocerse que, las gambetas con que fue eludida la ley
tuvieron su génesis en lo que fue visto como una necesidad de evitar
injusticias manifiestas y groseras arbitrariedades. Frente a tales decisiones
que ya son hechos consumados, es difícil negar ahora la bienvenida a
pronunciamientos que pudieron haber sido consagratorios de verdaderos
actos de justicia. Brindis y salud por ello. Pero no más.
Salud, pero atención. La habitualidad se hace costumbre. Y extendida
sobre el piso del alma jurisdiccional, sedimenta agazapada la seductora e
inveterada sensación de poder. Y el gusto por el poder –ni hablar si se trata
de adicción- entraña un peligro gravísimo: el peligro de que la subjetividad
supralegal se dirija hacia el otro lado; es decir, hacia el lado de la injusticia
autoritaria, porque el endiosamiento, precisamente, no viene exento de la
confusión ética acerca de lo que está bien y lo que está mal.
De allí que, como regla general, el no apartamiento de la ley, aparezca
como una exigencia inexcusable para la jurisdicción. El apego a la ley, claro
está, no comporta sinonimia de insuficiencia creativa o argumental. De eso
nada. Muy por el contrario, se trata de un sobrio intento de asumir, desde
una función revestida con soberanía popular indirecta, la actitud de
aceptación hacia las normas emanadas de los órganos que ejercen la tarea
propiamente legislativa (sancionar y promulgar) con la legitimidad (al menos
24
de origen) que deviene de su condición de depositarios directos de la
representación con la que fueron investidos por sus representados, en cuyo
colectivo reposa la soberanía.
Los párrafos que anteceden exponen solamente algunos títulos cuyo
desarrollo demandaría mayor extensión y, casi seguramente, distinto ámbito.
De todas maneras, no parece que sobren.
Como –además de breves- tales enunciados son el complemento útil
de ideas ya dichas y de otras por decir, no está mal que si hubiere remilgos
por su ubicación en este voto, sean compensados con la correspondiente
disculpa, -leve, claro está-, de tono menor, y en letra minúscula, tal como
debe ser formulada toda expresión excusante cuya necesidad se justifique
únicamente en la condescendencia que las personas que intentan
comportarse con nobleza emplean para complacer con cordialidad a los
espíritus necios o a los que tienen pensamientos torvos.
En otro aspecto y, por si alguien creyese que he cedido ante la tentación
de hacer docencia donde no corresponde, me apresuro a señalar que lo
poco que he dicho no constituye moralina jurisdiccional, ni prédica en
abstracto, ni siquiera un bien intencionado propósito de aconsejar. No es, ni
más ni menos, que un honesto y sincero deseo de recordar con modestia lo
obvio, a saber: los límites del campo de actuación propiamente dicha de los
magistrados, lo cual entraña un ámbito que no puede ser exorbitado
(artículos 161, 166 y concordantes de la Constitución de la Provincia; y
artículos 108, 116, 117, 118 y concordantes de la Constitución de la Nación).
He allí la frontera que separa a la jurisdicción del mundo legislativo.
Los magistrados no pueden atravesarla para legislar. A lo sumo, en su
mundo, pueden desoír lo legislado, según veremos, con el carácter de
excepcionalidad que emerge de la exigencia de ciertas situaciones y datos
que resultan requisitos para que pueda asumirse esa postura.
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En efecto, casos concretos, y sólo casos concretos, permitirán al juez,
si corresponde, alguna vez, algún apartamiento de la ley a través de su
desaplicación por el camino de la declaración puntual de inconstitucionalidad
en el asunto.
Pero –y este pero debe ser leído con toda su potencia impeditivajamás
podrá soslayarse que toda ley (que en principio y como tal, en
abstracto, no se presume viciada), expresa representativamente la voluntad
representada con cuya presencia se actualiza la declaración constitucional
de soberanía popular (arts. 1 y 2 de la Constitución Provincial y art. 1 de la
Constitución de la Nación).
No debe prestarse atención a esa trova vocinglera que, aturdiéndonos,
no se cansa de proclamar presuntas inconstitucionalidades, propiciando que
los postulados generales de la Constitución se hagan acto y regla de
aplicación inmediata por los jueces, para contrariar de tal guisa las mandas
de una ley.
La inaplicación de una ley a un caso determinado requerirá cuando
menos que, por circunstancias fácticas de ese asunto, se lo pueda ver con
nitidez desencajado de la previsión legislativa y, recién allí, establecido ese
excepcional desajuste, habrá que descubrir si el mismo tiene entidad
suficiente para, además, lesionar expresamente una norma constitucional
específica que atrape la emergencia y permita advertir, a su través, el
deterioro de una facultad o un derecho reconocidos en ese magno rango.
Solamente así, la jurisdicción, acaso, podrá prescindir de la norma, lo cual
tendrá nada más que el acotado alcance de no aplicarla, sin que se pueda,
claro está, resolver un asunto prescindiendo de la fundamentación en otras
disposiciones vigentes, ni decidir de conformidad con consideraciones
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particulares que terminen creando estados o situaciones jurídicas no
apoyadas en la ley.
Entonces –reitero-, sólo así, con invocación de la ley suprema, en las
condiciones que antes se mencionaron, y con alcance ceñido a un entuerto
judicial en concreto, podrá sostenerse que una ley o parte de ella no rige.
Esta brevísima explicación del funcionamiento del control de
constitucionalidad está lejos de agotarlo, pero al menos muestra la
frecuencia excepcional que, en principio, debiera caracterizar su empleo.
El control difuso viene siendo injustamente criticado, cada vez con
más vehemencia, no tanto por defectos propios, sino especialmente porque
el uso abusivo, y en muchas oportunidades equivocado, de sus agentes –los
jueces-, ha provocado una visión mezquina que lleva a confundir, a veces
con ignorancia y otras veces con mala intención, la bondad del mecanismo
con la ineptitud de sus operadores.
Es que muchos de tales operadores (jueces, claro), ya fuere por
soberbia, por necedad o por desconocimiento, han recurrido directamente a
la Constitución Nacional para fundar (debidamente, según lo entienden) sus
decisiones, sin importarles la letra de la ley reguladora de los asuntos.
Por tal motivo, algunos al acecho y otros sin embozo, tienen a tiro de
flecha al control difuso proponiendo reemplazarlo por un sistema
centralizado, en general conocido como el de Tribunal Constitucional.
Invocan para ello, más que razones comprobables, adagios dogmáticos cuya
constatación no tiene registro en las experiencias históricas y políticas que
muestra el mundo entero.
Por supuesto que estoy del lado de los que piensan que no debe
cambiarse todo un sistema garantizador tan sólo porque sus operadores,
ocasionalmente incorrectos, lo mal emplearon por exceso; ni mucho menos,
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claro está, porque alguna decisión particular haya sido coyunturalmente
contraria a los que en ese tiempo ejercían el poder gubernamental.
No voy a ahondar ahora sobre este acápite pero, por lo menos, dejaré
encendida brevemente una luz de alarma que sirva para evitar que, con
mentalidad colonizada, sigamos copiando burocracia u organismos que en
otros países envejecen sin cumplir satisfactoriamente la función para la que
fueron creados, entorpeciendo otras veces gravemente su vida institucional.
Como mucho, si los defensores del Tribunal Constitucional (órgano que en
general no pertenece a la función judicial) insisten con gastar recursos en
juguetes viejos, que lo hagan funcionar sin tocar, además, el control difuso.
En resumen, bajo el imperio de reglas sabias la acción errada de los
jueces exagerando sus intervenciones contra la ley, (ya por interpretación, ya
por abuso de la declaración de inconstitucionalidad) provoca la reacción,
también errada, de pretender el cambio de las reglas sabias.
Exorbita en mucho el cometido de esta convocatoria todo desarrollo
que se ocupe exhaustivamente del modo de aplicación de las normas
constitucionales. Pero, aún sin desconocer que alguna de ellas son, en
ocasiones, de operatividad directa e inmediata, lo cierto es que, éste no es el
principio general.
La Constitución Nacional, con ser ley suprema, no es por ello y en
rigor, ley inmediatamente aplicable al caso, por sobre la ley que
específicamente lo reglamenta, la cual, primeramente, debe ser respetada.
No puede negarse que la llamada ley magna rige como una cobertura
general en el estado de derecho en el que funcionan los correspondientes
mecanismos institucionales de aplicación de todas las normas.
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Pero para que la Ley Suprema sea operativa en directo, desplazando
una ley vigente, es imprescindible una situación como la descripta antes al
respecto.
A título de ningún constitucionalismo moderno ni postmoderno, ni
mucho menos con el presunto aval de citas de derecho internacional de
escaso ajuste al conflicto, los magistrados podrán evadirse de las leyes que
el Congreso o las Legislaturas sancionaron y los respectivos Poderes
Ejecutivos promulgaron. No podrán. O al menos, no deberán.
Por lo tanto, la solución, en realidad, está en manos de los jueces y no
transita por un carril que exija más quehaceres, sino que, al contrario, lo hace
mejor por el camino del recato y la disminución de la voracidad jurisdiccional
sobre ámbitos ajenos.
La decisión justa que busca brindar la magistratura, en general,
devendrá de marcos legales que antes fueron formulados por los poderes
políticos.
La verdadera independencia de la justicia brilla con todo su vigor
cuando se la ejerce en el escenario de interdependencia de funciones que la
Constitución brindó como marco. No cuando se la pretende como una
prerrogativa individual desatada hacia el libertinaje de las opiniones y los
buenos deseos.
Está vedado a los jueces endiosarse, y a seguido de ello decir qué es
lo justo, y qué es lo injusto, no ya desde la ley, sino desde su propio y
particular entendimiento, muchas veces autoevaluado como infalible, sin
disimulo alguno de soberbia.
Un espacio institucional republicano no tolera la paradoja laicoreligiosa
del juez hecho dios.
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La tinta de las leyes no puede ser distinta en los fallos. (Pocas veces
una homofonía irregular como ésta me ha dada tanto alivio al tiempo de
buscar elocuencia para una frase).
En definitiva, y abandonando el terreno de la reflexión en el que he
pretendido desnudar las motivaciones de mi voto, reencauzo el discurso
hacia la respuesta de la pregunta formulada al inicio, repitiendo que los
delitos de

Colegio de Magistrados y Funcionarios Junin | 2015

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